San Juan, P.R.- "Si el gobierno de Puerto Rico insiste en mantener bajo cualquier modalidad las operaciones de la empresa New South Associates en el yacimiento Ponce 29, estarán cometiendo un crimen en contra del patrimonio de Puerto Rico mayor que el perpetrado en el caso de Paseo Caribe. De hecho, ya se están violando tanto las leyes locales y federales, como los tratados internacionales", así se expresó un grupo de arqueólogos puertorriqueños ante la controversia generada por este yacimiento arqueológico. Según este grupo, existe evidencia contundente que apoya sus planteamientos y que también apoya la recomendación hecha por los expertos en el tema del Consejo de Arqueología Terrestre del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
"El empleo de maquinaria pesada de forma indiscriminada en la excavación del sitio PO-29 por la empresa New South ha resultado en la mutilación de este importante recurso histórico y ahora, personajes ajenos a esta ciencia en Puerto Rico y que deberían mostrar el mejor interés y respeto por el patrimonio que nos pertenece, aprueban irresponsablemente, desde las altas esferas del gobierno de la Isla, el proceso destructivo desarrollado allí, esto se tiene que paralizar inmediatamente", manifestó el Dr. Reniel Rodríguez, profesor de arqueología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
"Un hallazgo arqueológico de tal magnitud debe ser protegido y conservado. Eso incluye protegerlo de la mala práctica de la arqueología como la que se está desarrollando en Ponce 29. Ya se están violentando, no sólo las leyes locales y federales, sino los tratados internacionales de patrimonio cultural. Iniciamos gestiones con la UNESCO para denunciar el hecho y para solicitar que se proteja un patrimonio que no sólo es de los puertorriqueños, también de la humanidad", expresó la Arqueóloga Marinés Colón González, quien dirigió varios años las excavaciones del importante sitio maya Calakmul, México, incluido en la "Lista de Patrimonio Mundial" por la UNESCO en 2002.
El doctor en arqueología Jaime Pagán añadió que el grupo tiene evidencia contundente de que el método de trabajo utilizado por New South Associates contraviene las prácticas locales e internacionales establecidas para este tipo investigación.
"Arqueólogos y especialistas en conservación histórica de México, Inglaterra, Estados Unidos y de las islas caribeñas ya están al tanto de la situación de Ponce 29 y opinan, al igual que nosotros, que en este momento hay que detener todos los trabajos de la empresa arqueológica y permitir que el Consejo de Arqueología Terrestre asuma la jurisdicción que les corresponde en el asunto. Hay que elaborar un plan de trabajo que garantice la conservación adecuada, real, de estos recursos históricos que ciertamente pueden cambiar la percepción que hasta el presente hemos tenido sobre los pueblos indígenas de nuestra Isla", añadió el doctor.
En el día de ayer, y pese a la recomendación de los expertos integrantes del Consejo de Arqueología Terrestre adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Secretario de la Gobernación anunció la decisión de continuar con los trabajos en el área hasta que culmine el contrato de la empresa norteamericana New South Associates. A su vez, la Directora Ejecutiva de la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) argumentó a favor de los alarmantes métodos de New South avalados desde el comienzo por su oficina. Sobre este particular, el doctor Pagán expresó que "de haber aceptado el contundente informe negativo de los consejales arqueólogos, la directora de la OECH y el Secretario de Recursos Naturales (ambos, miembros del Consejo de Arqueología) hubieran tenido que aceptar su responsabilidad directa en la destrucción del sitio Ponce 29 porque han aprobado de diversas formas, desde sus oficinas, todos los procedimientos que se han utilizado hasta el momento. La decisión de ese Comité de la Fortaleza fue totalmente política, no profesional. Ya saben lo que sostenemos los expertos en esta materia en lo que se refiere a la metodología utilizada en el lugar".
Sobre las expresiones de hoy del alcalde de Ponce, el señor Francisco Zayas Seijo, el grupo de arqueólogos opinó que "debe colaborar para que los arqueólogos hagan su trabajo de salvaguardar la integridad del sitio Ponce 29. En ningún momento hemos manifestado la paralización total o cancelación del proyecto de control de inundaciones que se prevé en el área. Esa etapa de discusión fue rebasada, no hay incompatibilidad entre una y otra cosa, y estamos denunciando lo que ya todos conocen de la empresa New South Associates y el asombroso apoyo que le han dado las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, que han aprobado sus procedimientos sin ningún cuestionamiento. Definitivamente no hay que mover el sitio de su lugar porque el proyecto hidrológico puede proseguir sin ningún problema ni contratiempo. Esta idea del señor Zayas es totalmente descabellada".
La Coalición Puertorriqueña de Arqueología expresó que cuentan con las evidencias precisas sobre el negativo caso de Ponce 29, y con el peritaje necesario para que el Gobierno modifique, cuanto antes, su posición de permitir que New South continúe en el importante sitio arqueológico. Aún así, al notar que los recursos propios de la Ley 112 de 1988 fueron rebasados negligentemente por el Comité creado en la Fortaleza, al cancelar el informe de los arqueólogos expertos del Consejo de Arqueología Terrestre, la Coalición está diseñando varias estrategias simultáneas (mediáticas y legales) que permitan señalar y adjudicar responsabilidades sobre todos aquellos que han participado en la destrucción y mutilación de tan importante yacimiento arqueológico.